Por: Ángel García

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En el pasado año 2020 en varios de los parajes de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, la entidad realizó un cuestionable proceso de otorgamiento de títulos, digo cuestionable por la cantidad de irregularidades que existieron. Entre las más comunes están coger dinero para medir extensiones de terreno mucho mayor del que ocupaban, repartir terrenos a allegados de algunos directivos del IAD o dar parcelas a personas que nunca la habían trabajado ni ocupado esas demarcaciones. Aquel cuestionado proceso, culminó con la entrega de títulos provisionales entre los días 10 y 14 de agosto de ese año,  faltando apenas un día para el cambio de gobierno. 

Con el interés de realizar una investigación responsable, he solicitado  en tres ocasiones  a las actuales autoridades vía la ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública,  los nombres  de los beneficiarios  y cantidad de tareas entregadas a cada uno en las comunidades de Gonzalo,  Zapote  y San Antonio. 

La primera vez y tras la no entrega, visité el IAD  y me reuní con el señor Isidro Ramírez, encargado   de Titulaciones  y este me dijo que  en mi solicitud debía especificar que eran títulos provisionales. Acogiéndome a su sugerencia, la volví a solicitar, luego en una comunicación firmada  por el señor  Juan Bautista Castillo, encargado del Departamento  Jurídico me respondieron que como  solicitante no proporcioné  los números de parcelas, distritos catastrales y asentamientos, datos que yo no tenía forma de conocer, pues están en los títulos otorgados y en los archivos de esa entidad.   O

Ante tanta negativa, se me ocurrió pedirle a uno de los beneficiarios de título que solicitara alguna información, cuando lo hizo, el IAD le pidió los 10 días de prórroga, pero a esa persona que había proporcionado todos los datos que según ellos debí proporcionar, tampoco le dieron la información que solicitaba. Lo que me hizo comprobar que la transparencia no es el fuerte de las actuales autoridades del IAD.  

La realidad es que gran parte de los beneficiarios con títulos provisionales  repartidos en agosto  de 2020  ya vendieron  sus parcelas a pesar de que la ley No. 145 del compendio de leyes agrarias prohíbe  en su artículo 1 las ventas de esos terrenos.     

Ocupar terrenos del Estado o ingeniársela para conseguir un título  y luego venderlo,  supone una estafa, pero como hasta ahora la justicia no ha perseguido ese delito, hay quienes viven de esa práctica ilegal.

El ingeniero Francisco Castro Zapata, director del IAD en Monte Plata está al tanto de la situación, él conoce de esas ventas, tiene en su poder copias de actas de ventas de algunas parcelas.  El gobierno que ha prometido representar el cambio, está llamado a parar una práctica que aunque tiene un buen tiempo  realizándose,  siempre ha sido ilegal. 

Luisanna Medina Saba, Periodista y Locutora, Gestora de Redes Sociales e Imagen Web. Gracias por visitarnos...!